La despoblación rural parece algo evidente, en gran medida, por la visión que nos han “vendido” de la vida de la gran ciudad: comodidades, oportunidades, educación… Pero la despoblación rural ha empezado a preocupar mucho a los agentes políticos, tanto que se han visto obligados a tomar medidas, como ya han hecho en otras partes de Europa como Escocia o Francia, para frenar este proceso migratorio, que, si no se le pone fin, puede ser la ruina de muchos sectores que actualmente son la base con la que se sustenta la sociedad: ganadería y agricultura.
Se ha observado cómo desde hace unas décadas, las grandes áreas metropolitanas debían garantizar la calidad de vida de una población que no paraba de crecer, con altos niveles de contaminación, dificultades de acceso a la vivienda y falta de oportunidades laborales.
Todas estas cuestiones han sido las que han llevado a meterse de lleno en la agenda política y la comisionada del Gobierno se ha comprometido a presentar en estos meses la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. El objetivo no es otro que ofrecer a los habitantes de las zonas rurales las mismas oportunidades y servicios que tienen en las ciudades.
Las cifras que evidencian el problema de la despoblación en España hacen ver la importancia de su solución y de no ser abordado, tiene implicaciones en la sostenibilidad de nuestro sistema de bienestar. Los datos y mapas ofrecidos por el ministerio de Política Territorial y Función Pública y el Instituto Nacional de Estadística indican que el 90% de la población vive en el 30% del territorio, en concreto en Madrid y en las zonas del litoral. De estos datos también se desprende que nuestro país es el más despoblado de todo el sur de Europa.
Ya el Centro de estudios demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona alertó en un estudio que realizó en 2017 de que más de 4.000 municipios sufren problemas de despoblación y han experimentado una pérdida importante de habitantes en los últimos años y 1.840 poblaciones ya están consideradas como espacios rurales en riesgo de despoblación irreversible. Este problema va en aumento porque tras el envejecimiento de la población, los más jóvenes deciden irse a las ciudades.
La comisionada del Gobierno frente al reto demográfico asume que la situación es crítica y que el 53% del territorio está en grave riesgo de despoblación. Aseguran que este es un problema que concierne a todo el país porque el éxodo rural conlleva la creación de macrociudades difíciles de gestionar y con ello problemas como el aumento del precio de la vivienda o la movilidad.
Las dos Castillas, seguidas de Aragón, Asturias, Galicia, Extremadura, La Rioja, Andalucía, sur de Navarra y norte de Valencia sufren este fenómeno de la España vacía. En el caso de la Comunidad de Madrid la Sierra Norte es la más afectada, entre ellos están Robregordo, el de menor número de habitantes de toda la región, con 45 personas, y le sigue La Hiruela, 52 habitantes.
Las grandes ciudades no tienen la capacidad de asegurar la calidad de vida como sucede en los pueblos. Actualmente los índices de paro juvenil en las ciudades son elevadísimos, mientras que en los pueblos se requiere de personal para las explotaciones agrícolas y ganaderas, y faltan maestros y médicos rurales.
Los expertos se ponen de acuerdo en que las principales causas de esta problemática es la baja fecundidad ya que los jóvenes migran en busca de oportunidades laborales y educativas en las ciudades, la tendencia al abandono de las actividades agrícolas y ganaderas, la escasez de transporte público que conecte con las grandes ciudades, la deficitaria oferta sanitaria, educativa y cultural… y así una serie de motivos que realmente están ligados entre sí, es como la pescadilla que se muerde la cola.
No obstante, los defensores del medio rural aseguran que la situación no es irreversible y todavía hay formas de salvar esta situación con algunas propuestas interesantes como simplificar los trámites administrativos para favorecer la apertura de negocios y microempresas públicas o privadas, mejorar las infraestructuras de comunicación y transporte o fomentar el teletrabajo, favoreciendo un modo de vida alternativo a la aglomeración urbana.
Son interesantes algunas iniciativas que se han puesto en marcha como es el caso de algunos municipios burgaleses que ofrecen bonificaciones fiscales hasta del 100% en el impuesto para promociones de vivienda para el alquiler o rehabilitación.
Con la mejora de comunicaciones por tierra, pero sobre todo las tecnológicas, se estaría dotando a las zonas rurales de herramientas para ser más competitivas y más atractivo para vivir, trabajar, estudiar y crecer.
El turismo es otro pilar fundamental dentro de este proyecto. Promover el patrimonio cultural, natural y rural para incrementar el interés de los viajeros hacia estas poblaciones.
Es fundamental el apoyo a las ideas de emprendimiento en el mundo rural. Hay que fomentar la agricultura y la ganadería responsable y sostenible. Potenciar la industria agroalimentaria de calidad. De estos empresarios y empresarias puede salir la base de la alimentación de los españoles. Hay que ofrecerles canales de distribución de sus productos, donde el precio sea justo y puedan competir en el mercado en las mismas condiciones que el resto de empresas.
Se deben impulsar iniciativas que promocionen el desarrollo económico sostenible en el ámbito rural. Y en este sentido son importantes los mercados de productores que fomentan el consumo local y en muchos casos es la única alternativa para la distribución de sus productos de cercanía.
En definitiva, debe ser una estrategia integral comprometida y firme a medio y largo plazo, y dirigida al conjunto de la sociedad española. Debe ser, además, una estrategia en la que se impliquen todos los departamentos ministeriales y todas las administraciones (europea, central, autonómica y local).
Pero tiene que ser también una estrategia diferenciada y flexible, adaptada a las características de cada comarca (agrícolas, ganaderas, forestales, periurbanas…) y en la que se combinen políticas a nivel macro y nivel micro. Debe ser, además, una estrategia que ponga en marcha sistemas eficaces de gobernanza territorial para impulsar dinámicas de concertación en el medio rural y de participación de las poblaciones locales en la definición de sus programas de desarrollo, en definitiva, que ellos mismos decidan su futuro y no lo gestionen los políticos desde los despachos de las grandes ciudades.
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